Las
empresas privadas de comunicación nacionales e internacionales mantienen
una cruzada mediática para intentar ocultar la escalada de
violencia promovida por el representante de la derecha local,
Henrique Capriles, tras su derrota el pasado domingo en las
presidenciales.
Una
vez más, los diarios ABC, El País (España), Nuevo Herald (EE.UU) y
Clarín (Argentina) apostaron por responsabilizar al presidente
proclamado, Nicolás Maduro,
por los ocho asesinatos de militantes del proceso revolucionario,
perpetrados desde que Capriles desconoció los resultados
electorales.
La
matriz mediática trata de imponer un
país victima de la ingobernabilidad, en la que ambos bandos se
atacan entre sí, y deja de lado el llamado de la derecha que desató
los ataques contra los CDI, casas del Psuv y el asedio a dirigentes
populares.
El
empresario Capriles escribió en su cuenta twitter “grupos
oficialistas intentan generar un clima de violencia, portando
vestimenta y materiales alusivos a la oposición”, luego de que
dijera en rueda de prensa que “el gobierno se auto hace cosas”.
Esta
línea ha sido adoptada por las puntas de lanza del imperialismo y el
diario el Nuevo Herald, tras una descripción de los sucesos
violentos apunta: “Nicolás felicitó a sus seguidores por valentía
y coraje por enfrentar lo que él llama chantaje fascista”.
En
otra nota “inforamtiva” se lee: “el
régimen bolivariano parece estar dispuesto a cruzar el punto de no
retorno para dejar atrás toda apariencia de democracia y darle carta
blanca a la represión”.
desde
Argentina, Clarín ha tratado de equiparar al gobierno
revolucionario venezolano con las dictaduras del cono
sur, especialmente con
la dictadura de derecha Alfredo Stroessner en Paraguay:
“Stroessner puso todo bajo su bota creando un reino populista de un
virtual soberano que poco a poco demolió cualquier disidencia. Lo
hizo, es verdad, tomándose libertades que los modelos actuales, con
iguales aspiraciones de ilimitado control como el chavismo venezolano
o el kirchnerismo argentino, han debido rodear con atajos y
maquillajes. El problema es con quién acaban pareciéndose”.
Lo
que Clarín no dice es que esa dictadura, así como todo el resto de
las dictaduras del cono sur de los 60, 70 y 80, fueron apoyadas y
legitimadas por el Imperialismo Norteamericano; el principal promotor
de los intentos por derrocar al gobierno democrático, bolivariano y
revolucionario que desde ahce una década se ha divorciado de las
políticas neoliberales y ha optado por la construcción del
socialismo.
El
País apostó por calificar
la radicalización del proceso revolucionario bolivariano y chavista
está basado en la “suspensión de las garantías
constitucionales”, “violación de derechos humanos” y
“persecución judicial contra líderes de la oposición”.
En
casa, la matriz de la persecución política está liderada pro El
Nacional y Globovisión. Estas empresas aseguran
que el gobierno revolucionario amedrentará a los trabajadores y
trabajadoras públicos que no votaron por Maduro. Acusaron a la
gobernación del estado Vargas de grabar los cacerolazos e insinuaron
que habrá una respuesta violenta en represalia.
El
canal privado insistió en que
hay 86 personas presas “por manifestar su opinión”:
“17 estudiantes fueron liberados bajo
presentación cada 15 días y prohibición de participar en
concentraciones públicas.
Fueron
vejados con golpes y 127
jóvenes aun están detenidos”. Las razones de las detenciones no
son descritas y esta falta inforamtiva se trata de encubrir con
invoaciones a la libertad de expresión y manifestación.
Los
esfuerzos han sido dirigidos también ha deslegitimar a los poderes constituidos. El
diputado Leomagno Flores señaló en rueda de prensa, transmitida por
Globovisión, que
en la Asamblea Nacional se está viviendo un “golpe
constitucional, en progreso, orquestada por los poderes públicos”.
La
arremetida contra el poder legislativo ha aumentado luego de que el
presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello declarara firmemente que
el derecho de palabra de los parlamentarios deberá implicar el
reconocimiento de la legitimidad de las instituciones del Estado.
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